Yerka Yukich: “El teletrabajo y la digitalización nos obligan a estar más alerta”

La pandemia de coronavirus puso el pie en el acelerador para la digitalización a nivel mundial y Chile no es la excepción. Empresas que antes no contaban con teletrabajo o comercio electrónico, por ejemplo, han tenido que adaptarse rápidamente y adecuar sus sistemas para seguir funcionando. Sin embargo, ya empiezan a surgir distintas voces que alertan sobre los riesgos de seguridad que conlleva la aceleración de la transformación digital en el escenario del coronavirus.

En el país, la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC) -que agrupa a 11 entidades como la Asociación Chilena de Empresas de Información (ACTI), la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham Chile) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)- ha puesto la alerta. Su presidenta, Yerka Yukich, junto con advertir los riesgos que conlleva la aceleración de la transformación digital en el escenario de pandemia, en varias ocasiones ha llamado al Gobierno a crear una institucionalidad en ciberseguridad que resguarde la protección de datos y la infraestructura crítica.

Yukich comenta que la semana pasada dieron un primer paso. La organización -junto a Deloitte, la ACTI, RedBanc, CCU y Enel, entre otras- firmaron un convenio entre el sector público -representado por el Ministerio del Interior- y el privado, para fortalecer la seguridad digital nacional.

- ¿Se puede considerar este convenio como un primer paso hacia la institucionalidad?

- Creo que sí. Se hizo de manera bastante transversal. Esto va a significar una mayor colaboración y creo que va en la línea de una apertura a una mayor comunicación entre los involucrados. Además, muestra la voluntad del Gobierno por querer trabajar e integrar al sector privado. La colaboración público-privada es clave para difundir y fomentar las iniciativas del fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad.

- ¿En qué pie está la ciberseguridad en Chile ante la pandemia?

- Estamos en una era mucho más compleja, demandante y exigente en cuanto a la seguridad digital. La era tecnológica actual representa un profundo cambio de paradigmas a partir de las nuevas estructuras de información, las cuales se caracterizan por tener increíbles capacidades de almacenamiento virtual. Hoy, con la masificación del teletrabajo y la mayor obligación de digitalización, debemos estar más alertas. Las empresas ya no pueden seguir pensando que la ciberseguridad se basa en construir un sistema de resguardo para sí mismos. La clave está en la colaboración y en comprender que ya no sobreviven las organizaciones cerradas.

- ¿Cuáles son los principales riesgos?

- El país necesita avanzar de forma sustantiva en el resguardo de datos personales e información crítica y en la seguridad digital, en general. El comercio electrónico ha crecido a un nivel de 150%, en abril de este año respecto al mismo mes de 2019, lo que hace que también aumente la alerta sobre todo por aquellas empresas que podrían no estar preparadas (...) Actualmente, la única forma de prevenir y combatir es mediante la apertura y la cooperación entre el sector privado, el Estado, la banca, el retail y el comercio en general.

- La ACC ha señalado que la ciberseguridad no ha tenido la prioridad necesaria en el contexto actual. ¿A qué lo atribuye?

- Estamos seguros de que tiene que haber una institucionalidad, pero no sabemos por qué no se ha avanzado en esa línea. Si bien ha habido un buen trabajo (desde el Gobierno), creemos que hay que darle mayor importancia.

- ¿Cómo se debe actuar mientras esta institucionalidad no exista?

- Hay que potenciar los acuerdos que el convenio firmado con el Ministerio de Interior considera. Es decir, intercambiar voluntariamente información relativa a alertas, amenazas e incidentes de seguridad informática, informes o indicadores de compromiso que podrían prevenir los riesgos cibernéticos y novedades tecnológicas en el ámbito de la ciberseguridad, además de cooperar en la prevención, detección, respuesta y recuperación de incidentes en la materia para minimizar el impacto en los servicios y operaciones o para recuperar infraestructuras críticas y servicios esenciales.